El editorial del comercio nos alerta, lo que puede suceder de aprobarse en el Perú una ley parecida a la “ley SOPA”, en perjuicio de los usuarios de Internet.
SOPA importada
El 18 de enero de este año, Wikipedia bloqueó el acceso a su página web, que solo mostró un texto de protesta titulado “Imagine el mundo sin conocimiento libre”. El mensaje fue leído por 160 millones de personas de todas partes del mundo. Ese mismo día, otras 50 mil páginas web decidieron también desaparecer momentáneamente. Google, eBay, Mozilla, Flickr, Wordpress y Greenpeace se encontraron, a su vez, entre los 65 mil sitios que colgaron mensajes sumándose a la protesta.
La razón de este denominado “apagón” fue criticar dos proyectos de ley norteamericanos (SOPA y PIPA, por sus siglas en inglés) que buscaban implementar medidas desproporcionadas para proteger la propiedad intelectual. Básicamente establecían distintos niveles de responsabilidad para los proveedores de servicios de Internet (por ejemplo, Telefónica, YouTube, Google o empresas de alojamiento web) cuyos usuarios infringiesen derechos de propiedad intelectual. Así, YouTube hubiera sido responsable por verificar que todos los videos colgados en su portal respetasen dichos derechos y las empresas que ofrecen el servicio de conexión a Internet podrían haber sido responsabilizadas si alguien usaba su red para bajar música ilegalmente.
En parte gracias a este denominado “apagón” el Congreso estadounidense no aprobó estos proyectos. Las protecciones que ellos incorporaban, no obstante, se están tratado de implementar en otros países. En el nuestro, como informó ayer Marcela Mendoza en “Día_1”, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha encargado la elaboración de un proyecto que regule las responsabilidades que tendrán los proveedores de servicios de Internet por la actividad ilegal de sus usuarios.
Nadie discute que, como todos los derechos recogidos por la ley, los de propiedad intelectual deben ser protegidos. El problema aquí es que, de implementarse una norma similar a SOPA o PIPA, se responsabilizaría cual cómplices de un ilícito a personas que no son tales. Y es que –como han señalado varios especialistas– sancionar, digamos, a Telefónica porque uno de sus clientes baja música ilegalmente usando su servicio de Internet, es como responsabilizar al concesionario de una carretera por el contrabando que llevan algunos camiones que transitan por ella. Si esto fuera sensato, ¿por qué para acabar con el narcotráfico no tratar también como cómplices de quienes llevan drogas en sus maletas a los aeropuertos y a las aerolíneas?
Pero la idea detrás de PIPA y SOPA (y de su posible receta peruana) no solo es injusta, sino que puede además tener graves consecuencias. Para empezar, varios proveedores de servicios simplemente tendrían que cerrar, pues no podrían afrontar los costos de fiscalizar a sus usuarios. De haberse aprobado esa norma en Estados Unidos, por ejemplo, Wikipedia hubiera desaparecido, pues le resultaría imposible monitorear si toda la información que diariamente cuelgan y actualizan sus usuarios en todas sus páginas (que llegan a más de 4 millones solo en inglés) cumple con la legislación de propiedad intelectual.
Por su parte, las empresas que sí puedan afrontar esos costos (que incluirán los de contratar un ejército de personas que verifique dicha información y abogados que las asesoren al respecto) los tendrán que trasladar a sus consumidores cobrándoles un precio más caro. Por ejemplo, Claro, Nextel o Telefónica podrían tener que subir sus tarifas, lo que, en un país como el Perú, solo alejará a los más pobres del acceso a esta importante herramienta. La magnitud del problema es más evidente cuando reparamos en que, a la par de la contribución de Internet a la cultura y a la educación, su aporte al desarrollo económico es enorme: un estudio del McKinsey Global Institute del 2011 encontró que Internet es responsable del 21% del crecimiento de países desarrollados en los últimos cinco años, que los pequeños y medianos negocios que usan Internet aumentan su productividad en 10% y que, entre estos, aquellos que usan fuertemente esta herramienta crecen y exportan el doble que el resto.
Finalmente, otra preocupación que despiertan normas como estas es que vuelven muy sencillo censurar las web informativas porque, al ser prácticamente imposible verificar que todos sus usuarios no cuelguen información que viole derechos de autor, un gobierno autoritario siempre encontraría la excusa para cerrar las páginas de medios opositores.
Ojalá entonces que el Mincetur no caiga en el error en el que casi cayó Estados Unidos. Y es que queda claro que hay algo que el Perú no tendría por qué importar: malas ideas.
Editorial del comercio/ 20/11/2012
